Ya nada sorprende en Guatemala.

Esta es uno de las noticias que me hacen exclamar : ¡Sólo en Guatemala! ¿Cómo "fregados" puede ser que la denuncia de un robo de Q31 millones haya "desaparecido"?
El registro electrónico del Organismo Judicial afirma que el caso se asignó al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, con el número 16587-2005, pero al revisar el libro de ingresos de esta judicatura, éste nunca fue trasladado.

Lo seguro es que un buen grupo de corruptos criminales, ladrones, han de estar riéndose a pierna suelta de los guatemaltecos.

Aquí la noticia de Prensa Libre

Una denuncia de auditores de la Contraloría, por el fraude de Q31 millones en el Ministerio de Gobernación en 2004, fue desaparecida del Organismo Judicial (OJ) y del Ministerio Público (MP). Esta auditoría era el requisito que había pedido el presidente Óscar Berger para que se juzgara a sus ex funcionarios.

El fraude se cometió en una compra de botas, capas y colchonetas a la Industria Militar, durante la gestión del ministro de Gobernación Arturo Soto -ahora embajador en México- y del entonces viceministro de ese ramo, Óscar Montoya, ahora gerente de la telefónica estatal, Guatel.

Este escándalo salió a luz el 11 de julio de 2005, cuando Prensa Libre publicó una auditoría interna de Gobernación, que descubrió que Soto y Montoya autorizaron esta compra y que los materiales nunca se recibieron.

Dos días después, Berger descartó presentar una denuncia penal mientras él no tuviera un informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC). “La auditoría del Gobierno no es autoridad suficiente. Es más noble ir (al MP) con la contundencia de un análisis de la Contraloría”, adujo Berger.

Para entonces, la CGC ya había designado a cuatro peritos, para hacer una auditoría forense, que fue finalizada el 28 de octubre de 2005.

Este informe confirmó los hallazgos de los auditores de Gobernación, por Q25 millones, y añadió otros Q6 millones al caso.

Pierden el expediente

El 4 de noviembre de 2005, cuatro auditores de la Contraloría, encargados del caso, presentaron una denuncia en la Oficina de Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ) y otra en la Oficina de Atención Permanente del MP. Además, informaron a sus autoridades sobre los hallazgos. Prensa Libre tiene copia de ese documento, con los sellos de recibido.