Desde el 54 hasta hoy: Parte 2

Un segundo ciclo armado empezó a principios de los años setenta, esta vez desde el occidente del país, en zonas de población indígena, impulsado por algunos cuadros guerrilleros que sobrevivieron a la primera etapa armada y quienes habían fundado dos nuevas organizaciones guerrilleras, además de las FAR y el PGT: el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la Organización del Pueblo en Armas (ORPA).

Hubo organizaciones más pequeñas, como la surgida de una ruptura producida por luchas ideológicas y de poder en el seno de la organización Regional de Occidente de las FAR (que después sería la ORPA), y que se llamó Movimiento Revolucionario del Pueblo Ixim (MRP-Ixim), la cual fue perseguida por la ORPA y el EGP, ocasionando con ello el asesinato de sus dirigentes por el Ejército.

La estrategia escogida esta vez no fue la del foquismo sino la de la guerra popular prolongada, inspirada en la lucha vietnamita, y contando para ello con la población indígena del altiplano noroccidental, que fue reclutada masivamente no gracias a los planteos marxistas-leninistas de los dirigentes guerrilleros ladinos, sino por obra de la labor catequizadora de una organización llamada Acción Católica, que profesaba los principios de la Teología de la Liberación y que contaba con un trabajo de base previo en las comunidades indígenas.

Las hostilidades fueron iniciadas por un nucleo guerrillero ladino a principios de los años setenta en la región de Ixcán, el cual realizó "ajusticiamientos selectivos" de finqueros y comisionados militares, con el objetivo de provocar y atraer al Ejército al área escogida para empantanarlo en una guerra de desgaste de la que no pudiera salir sino en el largo plazo.

A esta estrategia, el Ejército respondió con capturas y torturas selectivas, y con una intensa labor de inteligencia e infiltración de las filas guerrilleras que lo llevó a diseñar una contraofensiva según el modelo seguido por el ejército estadounidense en Viet Nam, consistente en "quitarle el agua al pez", es decir, aniquilar la base civil de apoyo a las guerrillas (en este caso, las comunidades indígenas) e indoctrinar a los sobrevivientes en aldeas estratégicas o campos de concentración, que en Guatemala se llamaron "polos de desarrollo"

En enero de 1982 las organizaciones guerrilleras se coalicionan, por presiones de Cuba, en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y al mismo tiempo el Ejército lanza de lleno su ofensiva contrainsurgente, para lo cual perpetra un golpe de Estado contra el general en turno y pone a Efraín Ríos Montt en la jefatura de facto del Ejército y del Gobierno.

En los siguientes meses ocurren reiteradas masacres de población civil indígena en el campo, y de estudiantes, profesionales universitarios y obreros en las ciudades, de modo que ya a mediados de ese mismo año las guerrillas estaban neutralizadas en sus posibilidades de lograr siquiera un equilibro de fuerzas con su enemigo.

Para 1984, se calcula que la cauda de muertos oscilaba entre 100 y 200 mil. Los desplazados internos eran un millón, y los emigrados hacia México y otros países unos 250 mil. La gran mayoría comprendida en estas cifras era indígena.

Esta estrategia contrainsurgente se vio favorecida por un error estratégico de la guerrilla, el cual consta en los documentos de la época, consistente en que sus dirigentes dejaron inerme a la población civil cuando el Ejército realizaba sus incursiones punitivas de "tierra arrasada", y no la movilizaba ni la armaba ni le ofrecía vías de escape o formas de resistencia.

Buena parte de la población indígena se sintió entonces traicionada por la guerrilla y, como estaba siendo perseguida por el Ejército, reaccionó en contra de la izquierda y de la religión católica (en su versión de la teología de la liberación), volcándose a colaborar con los militares.

Tanto los testimonios indígenas de las víctimas de la "tierra arrasada" como las conclusiones de los informes de las comisiones de la verdad documentan la responsabilidad compartida por el Ejército y la guerrilla en lo referido a las masacres, a evidentes infiltraciones en las cúpulas dirigenciales de los grupos guerrrileros, y en relación a los extraños desenlaces finales del conflicto armado, el cual se prolongó artificialmente hasta 1996 (año en que, en circunstancias de una secretividad sospechosa, se firmó la paz) porque así convino a las partes en conflicto.

La paz se firmó, pues, a finales de 1996, en circunstancias oscuras. La secretividad de las negociaciones, así como la negativa de las partes a la participación de la sociedad civil en las mismas, las evidenciaron como componendas entre jefes militares que, mediante pactos secretos, se eximieron mutuamente de sus responsabilidades en la guerra sucia.

Por otra parte, la URNG negoció la paz desde una posición de desventaja pues estaba militarmente derrotada desde hacía más de cuatro años. El papel no sólo decisivo sino de presión que jugó la comunidad internacional por medio de la representación local de Naciones Unidas, evidenció la negociación como un simulacro de reconciliación encaminado a echar a andar un proyecto bipartidista compartido por la derecha empresarial y la cúpula ex guerrillera (proyecto que convenía a las planificadas inversiones de la Unión Europea y de Estados Unidos), el cual muy pronto se reveló en toda su ineficacia, además de que ciertos pactos secretos entre la guerrilla y el Ejército durante las negociaciones de la paz se hicieron públicos.

De hecho, la firma de la paz constituyó la mayor estafa política que las cúpulas de poder han perpetrado contra la ciudadanía, y la mayor fuente de frustración política ciudadana desde el derrocamiento de Arbenz y el truncamiento del proceso de modernización del país